Según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la Procuraduría General de la República, el narcomenudeo representa más de 90 por ciento de los delitos contra la salud.
Esa hidra que es el narcotráfico tiene miles y miles de ramas que forman el último eslabón de su larga cadena criminal: el narcomenudeo.
Son miles y miles de tentáculos que están en las 32 entidades de la República, en cientos de los 2 mil 455 municipios del país, en cualquier lugar donde haya un consumidor, así sea en el sitio más remoto de México.
Son apéndices que llevan la droga hasta las manos de millones de niños, jóvenes y adultos (en México hay más de 3.5 millones de personas que alguna vez han consumido drogas y alrededor de un millón de adictos, según cifras del Consejo Nacional Contra las Adicciones).
Son los soldados rasos del narcotráfico, ésos que no tienen restricciones de edad: hay desde “hijos” y “nietos” hasta “amas de casa” y “abuelitas”, gente que se desplaza en coches, motos, bicicletas y transporte público (principalmente en taxis), de acuerdo con investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal. Y tampoco hay límites de género: siete de cada diez reclusas mexicanas están presas por delitos contra la salud, de acuerdo con las estadísticas del gobierno federal.
Son miles y miles de seres que diariamente se dedican a la venta de droga en pequeñas cantidades y lo hacen no sólo en antros, bares, cantinas, restaurantes, gimnasios, mercados, tianguis, papelerías, farmacias, tienditas, puestos ambulantes, escuelas, playas, oficinas, parques, esquinas, y puertas y patios de vecindades, sino en casas particulares donde familias enteras se consagran ya a esa actividad, según informes de la SSP federal.
En todo el país se ha detectado la existencia de más de 35 mil puntos de venta al menudeo (datos correspondientes a 2007, recabados por la Policía Federal Preventiva), donde cada año se expenden más de 3 mil millones de dosis de diferentes drogas. Hay casos extremos, como la ciudad de México, donde se han ubicado más de 5 mil puntos de venta, o Cancún, donde se han detectado 700 narcotienditas (cifras de la Procuraduría General de la República).
Son todas esas personas que, día y noche buscan y hallan siempre algún espacio (“hasta carriolas de bebé”), algún rincón donde puedan entregar un envoltorio y recibir unos billetes a cambio de su mercancía ilícita (las ventas por narcomenudeo se calculan en 300 mil millones de pesos anuales, según estadísticas del gobierno federal). Para ello, para organizar sus transacciones, los narcomenudistas disponen de “millones” de teléfonos móviles, de acuerdo con informes de la SPP.
Son todos esos individuos que, debido a severas carencias legales del Estado mexicano, tienen garantizada su impunidad en, cuando menos, 60 por ciento de los casos, de acuerdo con los números del gobierno federal.
En algunas entidades, como el Distrito Federal, la cifra es peor: nueve de cada 10 narcomenudistas capturados no llegan a prisión.
Los números del paraíso de esta redituable actividad, del último eslabón de la cadena del tráfico de drogas, parecen indicar que, ahí sí, el crimen organizado va ganando la batalla…
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En 2006, cinco de cada 10 delitos federales (52 por ciento) estaban relacionados con el narcotráfico. En 2007, seis de cada 10 delitos federales (60 por ciento) estuvieron relacionados con el narco. Un incremento de ocho puntos porcentuales en los llamados “delitos contra la salud”, los cuales ocupan el primer lugar entre los ilícitos del orden federal, según estadísticas de la PGR y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De los 58 mil delitos contra la salud que hubo en 2006 (último año de la gestión de Vicente Fox), la cifra creció hasta 84 mil ilícitos en 2007 (primer año de gobierno de Felipe Calderón). Un aumento de 45 por ciento. Los números correspondientes a 2008 aún no están disponibles.
Por sus características, 9 de cada 10 de estas transgresiones ligadas al narcotráfico (81 mil) pertenecen al ámbito del narcomenudeo: se trata del “comercio”, el “suministro”, y sobre todo, la “posesión” de drogas. Esta última acapara 88 por ciento de los casos de narcomenudeo.
Adicionalmente, existen las modalidades de “producción”, “transporte” y “tráfico”, que no pertenecen a la esfera del menudeo.
Sin embargo, a pesar de que 9 de cada diez delitos contra la salud tienen que ver con esta actividad,el gobierno federal sólo destina a su combate 20 por ciento del financiamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
De todos los arrestos ligados a los diversos cárteles del narcotráfico (un promedio anual de 13 mil 333 personas capturadas), 98 por ciento corresponde a sujetos catalogados como “colaboradores y distribuidores al menudeo”, de acuerdo con los datos de la PGR. Las demás personas, 1.2 por ciento, son “líderes” de los cárteles, “financieros”, “lugartenientes”, “sicarios”, y “funcionarios involucrados” con el crimen organizado.
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Reunidos el 22 de junio del año pasado, los presidentes de los tribunales superiores de justicia de las entidades y procuradores de justicia de todo el país reconocieron, “por unanimidad”, su “imposibilidad” para dar soluciones viables a ilícitos “como el narcomenudeo”. Se referían no solamente a que las autoridades locales (estatales y municipales) no lo pueden combatir por ser un delito de orden federal, sino a su escasez de “presupuesto, infraestructura y capacitación suficiente”.
El Estado mexicano, concluyeron, requeriría de una “adaptación institucional” que le permita “enfrentar la venta de droga al menudeo con naturaleza y precisión”.
Precisamente, en el Congreso de la Unión hay una iniciativa de ley para que el narcomenudeo sea clasificado como delito común y así las autoridades locales puedan combatirlo. Sin embargo, esa propuesta de reforma, que fue enviada al Legislativo por el ex presidente Vicente Fox desde enero de 2004 fue congelada en noviembre pasado en el Senado.
El narcomenudeo, la “base social” del narcotráfico, como le ha llamado Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal, y su paraíso de impunidad…
México • Juan Pablo Becerra-Acosta M.
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